Mucho mate en las oficinas, pero nadie recicla la yerba

Mucho mate en las oficinas, pero nadie recicla la yerba

Uruguay es uno de los principales consumidores de yerba mate en el mundo: el 85% de los habitantes del país toma mate por lo menos una vez a la semana y consumen anualmente 10 kilos por persona. De acuerdo a una investigación realizada por el LATU, el peso de la yerba, al humedecerse, se triplica, por lo que se calcula que sólo en Montevideo se desechan diariamente unas 125 toneladas de yerba usada.

Frente a esa situación, en el año 2010, la asociación civil Centro Uruguay Independiente (CUI), junto con la Intendencia de Montevideo decidió comenzar a reciclar parte de esos residuos y crearon para ello el Programa de Reutilización de Yerba. Además de contribuir al cuidado del medio ambiente, la iniciativa surgió también con el objetivo de colaborar con aquellos sectores sociales con dificultades para la inclusión e inserción laboral.

Por esa razón se decidió contratar a 8 jóvenes con discapacidad o problemas de salud mental, que se encargan de recolectar dos veces por semana, la yerba que se desecha en la sede de la IMM, que asciende a los 500 kilos por semana.

En un primer momento, la intención era lograr generar 100 puestos de trabajo para la población con discapacidad, y que todos los organismos públicos de la capital, como los municipios, las Universidades, el Palacio Legislativo y la Presidencia de la República, se sumaran al proyecto. Eso aumentaría el volumen de yerba a reutilizar (cerca de 12 toneladas), así como también la cantidad de puestos de trabajo. Pero la realidad fue completamente distinta a la esperada. En los 6 años de vida que tienen el Programa de Reutilización de Yerba, el único organismo que se sumó a la iniciativa —además de la IMM— fue el Ministerio de Educación y Cultura, pero este año, decidió no seguir colaborando con el proyecto.

"El problema es que los organismos públicos y las empresas privadas no han logrado incorporar esta práctica, como una práctica institucional", opinó Federico Lezama, coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Empleabilidad para la Inclusión Social.

De acuerdo a Lezama, lo que sucede es que muchos organismos "no entienden que la gestión de residuos, también implica destinar recursos, que no necesariamente deben ser financieros, sino que pueden ser materiales como equipamiento y transporte", indicó. Y resaltó, que los organismos que tienen una camioneta "perfectamente" podrían hacer los traslados de yerba una vez por semana.

"La gente muchas veces piensa que ellos ya están contribuyendo al proyecto al donar los residuos, pero no están calculando el costo de transporte, de nafta, y de logística que implica irlos a buscar", señaló Lezama. Asimismo explica que el programa no solo tiene un impacto ambiental, sino también de inclusión social.

"El trabajo no solo contribuye económicamente a esas personas, sino también desde el punto de vista terapéutico, de la inserción social y de la autonomía y la autoestima", expresó el coordinador.

Reutilización.

Los 8 empleados que tiene actualmente el proyecto, tienen una carga semanal de 10 horas. El convenio firmado este año con la Intendencia de Montevideo, establece que percibirán el salario mínimo nacional de acuerdo a la cantidad de horas que trabajan, por lo que por 40 horas por mes, cobrarán $ 2.500.

Las dos toneladas de yerba usada que son depositadas en recipientes especiales en la IMM, son recolectadas por los trabajadores del proyecto que luego las trasladan al Centro Uruguay Independiente (CUI).

La IMM dona al centro $ 1.300.000 para cubrir los gastos de personal, locomocíon, materiales y mantenimiento, necesarios para el desarrollo del Programa de Reutilización de Yerba.

El objetivo es utilizar esos desechos en lumbricarios para la producción de humus de lombriz. "Esos productos son vendidos luego por los mismos trabajadores y el 100% de la ganancia va para ellos", explicó Jorge Solari, coordinador del CUI.

"Vamos a seguir insistiendo con esto hasta morir", expresó Solari, en referencia a la poca adhesión que han demostrado los organismos públicos frente al programa.